El Gobierno de Abelardo de la Espriella canceló el Consulado de Colombia en Tijuana, México, después de que una oficina creada para atender a connacionales en la frontera norte de México permaneciera sin sede ni servicios, mientras el Estado pagó más de USD 153.000 ($500 millones) a su cónsul provisional y acumuló obligaciones por el alquiler de un local que nunca entró en funcionamiento.
Según reveló Caracol Radio, el Ministerio de Relaciones Exteriores trasladó el caso a la Fiscalía y la Procuraduría el 27 de agosto. Maryory Ecinedth Pabón Gavilán recibió una asignación mensual de USD 14.700 entre el 20 de enero y el 30 de octubre de 2026, pese a que México solo autorizó su nombramiento el 27 de marzo; además de obtener USD 20.338 en viáticos y transporte de menaje.
El consulado fue creado mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, firmado por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, junto con nuevas oficinas en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez. Pero dos años después, la dependencia de Tijuana no abrió sus puertas, no contó con una sede operativa y derivaba sus requerimientos al Consulado de Colombia en Ciudad de México.
La cancelación del consulado dejó pendiente una deuda por la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la Zona Dorada de Tijuana. La Embajada de Colombia en México recibió el requerimiento el 30 de septiembre y, al día siguiente, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería verificó que existía un canon de arrendamiento sin asignación presupuestal.
La existencia de obligaciones pendientes no se limitaría al alquiler del inmueble. Según el citado medio, un comunicado del 17 de agosto, dirigido a colombianos residentes en Baja California y compartido por Pabón en un grupo de WhatsApp, mencionó contratos con un arquitecto para adecuar la oficina y con responsables del diseño gráfico y de la imagen institucional.
El documento, de siete páginas, señaló que “estas personas y empresas han venido trabajando y adelantando las actividades para las cuales fueron contratadas, razón por la cual actualmente existen obligaciones económicas pendientes de pago”. La embajada de Colombia en México solicitó a Pabón, el 6 de octubre, una copia del contrato de arrendamiento y un informe sobre esta sede.
No obstante, no hubo respuesta, y la cónsul presentó su renuncia el 30 de octubre. De esta manera, la exfuncionaria dejó el cargo tras nueve meses al frente de una dependencia sin funcionamiento, mientras los trámites de los colombianos en Tijuana y Baja California quedaron a cargo del consulado en Ciudad de México; pese a que está a 2.700 kilómetros de distancia.
Tijuana concentra una población estimada de 1.500 colombianos y es un punto fronterizo con Estados Unidos con alto flujo migratorio. Al respecto, cabe destacar que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México consultó de manera informal al Gobierno de Colombia qué había ocurrido con la oficina, luego de no recibir nuevas noticias desde que otorgó el beneplácito para su apertura.
El exministro Murillo, que solicitó el beneplácito de México para la apertura, dijo al ser consultado por Caracol Radio que debía revisar sus archivos porque no recordaba el proceso. Luego sostuvo que “toda apertura de consulado era precedida de estudios y disponibilidad presupuestal”, aunque según el reporte citado la Cancillería afirmó que no tiene pruebas de un estudio previo para tal fin.
El contrato de arrendamiento, además, generó compromisos económicos sin una partida presupuestal destinada a la sede. Rosa Villavicencio, entonces canciller, firmó en enero de 2026 el decreto que nombró a Pabón en Tijuana y frente al tema explicó que recibió una instrucción sobre la contratación. “Cuando llegué, me encontré el tema y me dijeron que la orden era contratarla”, dijo.
Villavicencio defendió el nombramiento de una cónsul antes de la apertura del consulado, al señalar que esa modalidad se ha aplicado para que el funcionario adelante los trámites de instalación. Según su relato, en junio se escogió el inmueble, pero el procedimiento se extendió hasta julio y el nuevo secretario general de la Cancillería resolvió suspenderlo hasta el nuevo gobierno.
Antes de llegar a Tijuana, Pabón fue designada cónsul en Calgary (Canadá) el 25 de enero de 2025. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia demandó el decreto y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el nombramiento dos meses después; en lo que sería, entonces el segundo nombramiento que había recibido de la administración Petro.
En lo que concierne a su frustrada llegada al consulado canadiense, el tribunal anuló la designación el 3 de abril de 2025 porque Pabón había llegado en provisionalidad cuando había 30 funcionarios de carrera disponibles para ocupar el cargo. En ese sentido, Consejo de Estado dejó en firme la decisión en julio de ese año, por lo que su designación no pudo prosperar.
En su informe de gestión como cónsul en Tijuana, Pabón reportó visitas a colombianos detenidos en cárceles de Baja California y un consulado móvil de tres días que completó 211 trámites y recaudó cerca de USD 10.000. “Tengo toda la trazabilidad de mi gestión y mi nombramiento en el correo institucional y un respaldo en un repositorio asegurado”, expresó a Caracol Radio.
