cuando el apoyo depende de a quién votas

En Chihuahua, la reciente eliminación de un programa juvenil federal ha dejado una marca que va más allá del presupuesto o de los números: ha revelado el rostro político del llamado “bienestar condicionado”. Lo que debía ser una política pública para impulsar oportunidades, se ha convertido en una herramienta de control que castiga a quienes no comulgan con el proyecto en turno.

No se trata solo de un recorte. Es una señal. Una advertencia que dice: “el apoyo llega, pero no a todos; solo a los que están con nosotros”. Y eso, en un país que presume de democracia y de justicia social, es profundamente preocupante.

En Chihuahua, miles de jóvenes quedaron fuera de un programa que representaba una oportunidad —de trabajo, de capacitación, de futuro—. Jóvenes que ya enfrentan desigualdades severas y que ahora ven cómo el Estado les retira la mano, no por fallar, sino por vivir en el lugar “incorrecto”.

El bienestar no puede ser selectivo ni usarse como moneda política. Convertir el apoyo social en premio o castigo es una forma de corrupción silenciosa: se roba la esperanza de quien menos tiene y se utiliza el hambre o la necesidad para comprar lealtades.

Las políticas públicas deben ser blindadas contra el cálculo partidista. Si un gobierno solo invierte donde gana votos, entonces deja de gobernar para todos y empieza a administrar privilegios. Y ahí muere el espíritu republicano.

Hoy, Chihuahua da un ejemplo de lo que no debe pasar: jóvenes abandonados por la Federación, estados obligados a improvisar respuestas, y una sociedad que se acostumbra a que los programas sociales sean botín de poder.

El verdadero bienestar no se condiciona, se garantiza. Y un país que condiciona su futuro —que son sus jóvenes— está hipotecando su dignidad.