
S&P Global Ratings cambió de “estable” a “negativa” la perspectiva crediticia de México, al advertir riesgos por bajo crecimiento, lenta consolidación fiscal y el apoyo constante del Gobierno federal a Pemex y CFE. La calificadora mantuvo la nota soberana en BBB, pero dejó abierta la posibilidad de una baja si se deterioran las finanzas públicas. 
El problema de fondo es que Pemex y CFE dejaron de ser sólo empresas del Estado: hoy son un factor de presión para todo el país. S&P también bajó a negativa la perspectiva de ambas empresas, señalando que el respaldo fiscal continuo podría seguir reduciendo la flexibilidad financiera de México.
La apuesta energética de la 4T —más control estatal, menos apertura privada y rescates permanentes a Pemex— cambió la percepción de riesgo. Para los inversionistas, México se ve menos confiable, más endeudado y con menor margen para enfrentar choques económicos.
El mensaje es claro: cuando el gobierno convierte a Pemex y CFE en prioridad política, pero no en empresas eficientes, el costo lo termina pagando todo el país. Más deuda, más presión fiscal, más incertidumbre y mayor riesgo de perder atractivo frente a la inversión.
Desde Juárez Opina lo decimos claro: la política energética no es un debate lejano de la capital. Afecta el empleo, la inversión, el tipo de cambio, el costo del crédito y la competitividad de ciudades fronterizas como Juárez.
