La gobernadora de Chihuahua advirtió que proteger políticamente a funcionarios señalados debilita el Estado de derecho y aumenta la incertidumbre económica en plena revisión del T-MEC.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó una de sus críticas más directas contra el Gobierno federal al asegurar que la Cuarta Transformación “negocia la ley” para proteger a personajes políticamente cercanos, aun cuando existen señalamientos en su contra.

Campos afirmó que esa forma de actuar no solamente provoca impunidad, sino que termina dañando la credibilidad internacional de México, alejando inversiones y poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.

La mandataria relacionó su señalamiento con la decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente el T-MEC en su forma actual y mantener el acuerdo bajo revisiones anuales. Para Maru, la incertidumbre no se limita a diferencias comerciales: también está relacionada con la percepción de que en México el cumplimiento de la ley puede depender del partido al que pertenezca una persona.

El T-MEC no terminó, pero entró en una zona de incertidumbre

Es importante aclararlo: Estados Unidos no canceló el T-MEC.

El tratado continúa vigente, pero el Gobierno estadounidense rechazó, el pasado 1 de julio, extenderlo automáticamente durante otros 16 años. Esta decisión activa un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse hasta 2036, a menos que México, Estados Unidos y Canadá alcancen antes un nuevo acuerdo de extensión.

La diferencia no es menor. El comercio puede continuar, pero cada revisión abre nuevamente la discusión sobre reglas de origen, aranceles, contenido regional, condiciones laborales y mecanismos para resolver controversias.

Para una ciudad como Juárez, cuya economía depende en gran medida de la industria manufacturera de exportación y de las decisiones corporativas tomadas en Estados Unidos, la falta de certeza puede traducirse en inversiones detenidas, expansiones canceladas o empleos trasladados hacia otras regiones.

El caso Rocha Moya

Como ejemplo de lo que considera una protección política, Maru Campos mencionó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que permanece en Culiacán, disponible para colaborar con las autoridades. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no se protegerá a nadie, pero también ha insistido en que Estados Unidos debe presentar pruebas suficientes antes de que el Gobierno mexicano proceda.

Por lo tanto, los señalamientos contra el mandatario sinaloense no equivalen a una sentencia. Corresponde a las fiscalías investigar y, en su caso, demostrar responsabilidades ante un tribunal.

Sin embargo, el reclamo de Maru se dirige precisamente hacia ese punto: la investigación debe avanzar con transparencia y sin que la cercanía partidista se convierta en un escudo.

“Poner al partido por encima de la ley”, ha advertido la gobernadora, debilita al país y deja abierta la sospecha de que existen funcionarios intocables. En un mensaje previo, Campos sostuvo que la soberanía no se defiende con discursos, sino haciendo cumplir la ley, fortaleciendo el Estado de derecho y llevando ante la justicia a quienes sean señalados.

La ley tampoco puede utilizarse como arma política

La exigencia de aplicar la ley debe ser pareja.

No sería correcto detener o entregar a un funcionario únicamente porque lo pide un gobierno extranjero, sin revisar las pruebas y respetar el debido proceso. Pero tampoco sería aceptable desechar investigaciones solamente porque el acusado pertenece al partido gobernante.

La soberanía no significa proteger automáticamente a los propios. Significa contar con instituciones mexicanas capaces de investigar, juzgar y sancionar sin presiones partidistas ni extranjeras.

La crítica de Maru Campos debe entenderse también dentro de la disputa política rumbo a las próximas elecciones. Sin embargo, reducirla solamente a un pleito entre PAN y Morena sería ignorar el problema de fondo.

Los inversionistas necesitan carreteras, energía, seguridad y trabajadores capacitados, pero también necesitan saber que los contratos se respetan, que los tribunales son independientes y que la ley no cambia dependiendo del apellido, del cargo o del partido político.

Juárez no puede pagar el costo de la impunidad

En Ciudad Juárez, cualquier incertidumbre sobre el futuro del T-MEC golpea directamente a las familias.

Miles de empleos dependen de empresas que producen para el mercado estadounidense. Cuando una compañía percibe riesgos comerciales, políticos o jurídicos, puede retrasar una ampliación, reducir turnos o trasladar una línea de producción.

Por eso, el debate sobre el Estado de derecho no es una discusión abstracta entre políticos. Tiene consecuencias en el empleo, los salarios y la economía cotidiana de la frontera.

Maru Campos colocó una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno para proteger a los suyos?

La respuesta no puede venir solamente de discursos presidenciales ni de acusaciones opositoras. Debe venir de investigaciones públicas, pruebas verificables y resoluciones judiciales.

Porque cuando la justicia se negocia, no solamente pierde credibilidad un gobierno.

Pierde México.

El respaldo del Partido Verde a Cruz Pérez Cuéllar provocó una cadena de respuestas dentro de la llamada Cuarta Transformación. Mientras Andrea Chávez reafirma su militancia en Morena, el PT rechaza condicionamientos y la dirigencia guinda advierte que podría competir sola en 2027.

La disputa por la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua dejó de ser una competencia silenciosa entre aspirantes y comenzó a convertirse en un enfrentamiento abierto entre partidos, dirigencias y grupos políticos.

El movimiento que encendió la mecha provino del Partido Verde Ecologista de México. Arturo Escobar, coordinador político nacional del PVEM, respaldó públicamente al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y condicionó la alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo a que el juarense encabece el proyecto rumbo a la gubernatura en 2027. (Proceso)

La declaración cambió por completo el tablero. Hasta ese momento, Morena, el Verde y el PT habían sostenido que la candidatura sería definida mediante una encuesta común. El mensaje del Verde fue interpretado dentro del partido guinda como una presión anticipada y como un intento de intervenir en una decisión que Morena considera propia.

La respuesta más directa llegó de Andrea Chávez.

“Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde; yo voy con Morena”, declaró la senadora con licencia, quien aseguró que su trayectoria, su militancia y su proyecto político se encuentran dentro del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. Chávez afirmó que confía en ganar la encuesta y agradeció los respaldos que ha recibido de liderazgos morenistas y petistas. (Norte de Ciudad Juárez)

La frase, aunque breve, marcó una línea divisoria: Cruz apareció arropado por el Verde, mientras Andrea buscó presentarse como la aspirante identificada directamente con Morena.

El PT rechaza las condiciones

Desde el Partido del Trabajo, la diputada federal Lilia Aguilar también rechazó que la permanencia de la coalición pueda condicionarse a favor de un aspirante.

La legisladora sostuvo que el Verde tiene derecho a expresar preferencias, pero señaló que los acuerdos nacionales establecen que la candidatura debe resolverse mediante encuesta. También advirtió que, si el PVEM decide abandonar la coalición, el PT permanecerá junto a Morena y respaldará a quien resulte ganador del proceso interno. (Norte de Ciudad Juárez)

Así, la alianza que pretendía proyectar unidad rumbo a 2027 comenzó a mostrar tres posiciones distintas: el Verde impulsando abiertamente a Cruz, figuras del PT cercanas a Andrea y Morena tratando de conservar el control de la decisión.

Morena responde: “Podemos ir solos”

La presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, endureció la postura del partido y aseguró que nadie podrá condicionar el proceso interno.

“Nadie nos va a amedrentar; nadie nos va a condicionar”, expresó al señalar que Morena es suficientemente fuerte para competir sin aliados en Chihuahua, aunque aclaró que la dirigencia todavía apuesta por mantener la coalición. Granados insistió en que la encuesta es un mecanismo “inamovible” y que la decisión no será tomada por dirigentes nacionales, legisladores o partidos externos. (Norte de Ciudad Juárez)

La dirigente también fue cuestionada por la aparición de Cruz Pérez Cuéllar en un evento del Verde portando una camisa con los logotipos de ese partido. Granados respondió que, hasta donde tiene conocimiento, el alcalde con licencia continúa siendo militante y aspirante de Morena, pero recordó que los perfiles registrados deben fortalecer al partido al que pertenecen. (Norte de Ciudad Juárez)

Incluso Ricardo Monreal calificó como “desafortunada” la presión del PVEM y pidió a sus dirigentes esperar los tiempos de Morena. El coordinador de los diputados morenistas sostuvo que la alianza debe construirse sin imposiciones y permitiendo la participación de todos los aspirantes. (Norte de Ciudad Juárez)

La unidad duró poco

Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar se registraron formalmente el 23 de junio para competir por la coordinación estatal de la transformación. Andrea llegó sin un contingente numeroso y destacó que había solicitado licencia para evitar dudas sobre la utilización de recursos públicos. Cruz arribó acompañado por cientos de simpatizantes, funcionarios y legisladores, entre gritos de “gobernador”. (La Jornada)

Desde entonces, ambos proyectos han mostrado estilos y estructuras distintas.

Andrea intenta posicionarse como la candidata de la militancia guinda, del relevo generacional y de la cercanía con el proyecto nacional de Claudia Sheinbaum. Cruz apuesta por su estructura territorial, el control político construido desde Ciudad Juárez y la capacidad de sumar fuerzas externas.

El problema para Morena es que la competencia ya no ocurre solamente entre dos aspirantes. Ahora intervienen las dirigencias nacionales de los partidos aliados, legisladores, alcaldes, operadores territoriales y grupos internos que buscan garantizar posiciones dentro de una eventual coalición.

¿Encuesta o negociación?

Formalmente, Morena mantiene que la candidatura será definida mediante encuesta. Políticamente, sin embargo, los acontecimientos muestran que el resultado también dependerá de negociaciones, alianzas y capacidad de presión.

El Verde pretende convertir su respaldo a Cruz en una condición para permanecer en la coalición. Andrea responde envolviéndose en la bandera de Morena. El PT asegura que acompañará al ganador, pero rechaza las imposiciones. Y la dirigencia estatal amenaza con competir sin aliados antes que entregar la decisión.

La sucesión apenas comienza, pero ya dejó una primera conclusión: Morena todavía no enfrenta al PAN por la gubernatura de Chihuahua y sus principales grupos ya comenzaron a enfrentarse entre ellos.

La gran pregunta ya no es solamente quién ganará la encuesta.

También habrá que observar si, después de los señalamientos, las amenazas y los respaldos anticipados, Morena, el Verde y el PT todavía podrán presentarse ante los electores como una coalición unida.